La Comunidad de Madrid es una región puntera en la gestión de residuos. A través de su Estrategia de Residuos (2006-2016) se impulsan los principios del desarrollo sostenible y se planifica de forma integrada el tratamiento de los residuos generados. Compuesta por 9 planes específicos para el reciclaje de cada uno de los tipos de residuos, esta Estrategia tiene como objetivo que todos ellos pasen por plantas de tratamiento y recuperación antes de ir a vertedero, reduciendo así el impacto de los desechos sobre el medio ambiente.

La inversión de 7 millones de euros realizada en la presente legislatura en la región ha permitido modernizar las plantas de tratamiento con el fin de incrementar la recuperación y el aprovechamiento de residuos. Así, tanto en el Complejo de Tratamiento de Residuos de Pinto (planta de Biometanización y planta de Clasificación de Envases) como en la nueva Planta de Clasificación de Envases de Colmenar Viejo, se ha incorporado la última tecnología para la recuperación automatizada de residuos de envases, lo que supone entre las tres instalaciones un incremento del 40% en los envases recuperados.

La automatización consiste en la instalación de separadores balísticos y selectores ópticos para la separación de los envases en función de su composición, ya sea separados en origen (bolsa amarilla) o sin separar (bolsa gris).

El pasado mes de mayo, la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, visitó las instalaciones de la Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto, instalación referente en España en tratamiento de residuos que da servicio a 70 municipios del sur de la región. En ella son tratadas 140.000 toneladas anuales de basura, de las que se podrán recuperar 8.000 toneladas de envases gracias a las mejoras realizadas.

Esta planta también ha visto mejorada su eficiencia energética gracias a las inversiones realizadas por el gobierno regional; a finales de 2008 se amplió la red de paneles de energía solar fotovoltaica instalados en sus cubiertas hasta alcanzar la producción de 600 kilowatios, con lo que se evita la emisión a la atmósfera de 16.800 toneladas anuales de CO2.

Mariño destacó en su visita el impulso de la política medioambiental regional a la investigación en la modernización del tratamiento de los residuos en estas plantas, lo que permite devolverlos en su mayor parte al ciclo productivo para reducir su impacto sobre el medio natural.

Debido a la larga lista de sucesos que han sido la causa de la dispersión de contaminantes en el medio ambiente, como los casos de Aznalcóllar y Prestige, bastante familiares para nosotros, más que nunca se hizo necesario hacer efectiva la aplicación del principio de “quien contamina paga”, que es la base de la política ambiental de la Unión Europea.

Con el fin de atender a este principio y hacer cumplir lo que establece la Constitución Española en su artículo 45, referente al derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de reparar el daño causado en caso de que incumplan la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales, se promulgó la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, que transpone al ordenamiento español la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Para el desarrollo del Reglamento de esta Ley se ha aprobado el Real Decreto 2090/2008, que entró en vigor el último 23 de abril.

Antes de nada, hay que aclarar que para que pueda aplicarse el principio de responsabilidad es imprescindible identificar a los autores de la contaminación, cuantificar los daños y establecer una relación entre el contaminador y los daños.

La normativa se aplica a los daños ambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran o cuando hayan sido causados por una serie de actividades económicas o profesionales, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.

El Real Decreto establece que en cuanto exista una probabilidad suficiente de que una empresa pueda producir un daño medioambiental, ésta deberá disponer de una garantía financiera que le permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad. El análisis de riesgos lo debe realizar la propia empresa basándose en la norma UNE 150008:2008 u otra norma equivalente. En todo caso, la realización de estos análisis de los riesgos medioambientales necesarios para calcular la garantía financiera no deberá llevarse a cabo de forma obligatoria hasta que se publiquen las necesarias órdenes del Ministerio de Medio Ambiente, las cuales no se aprobarán antes del 30 de abril de 2010.

Por otro lado, cuando se produzca un daño ambiental, y de forma paralela a la ejecución de las medidas preventivas de nuevos daños, las empresas deberán recopilar la información necesaria para determinar la magnitud del daño y ponerla en conocimiento de la autoridad competente.

Para identificar las medidas de reparación que serán necesarias para restituir totalmente el daño ocasionado, se deberá establecer un procedimiento que permita estimar el estado básico de los recursos o servicios afectados.

La aprobación de esta nueva normativa supone una serie de modificaciones en los procedimientos ambientales, que generará muchas dificultades al principio, pero que a largo plazo, se va a traducir en una protección más eficaz del medio ambiente.

Hoy en día, las nuevas tecnologías permiten reducir notablemente el uso de algunas materias primas, lo cual repercute muy significativamente en una mayor y mejor conservación del medio ambiente, al disminuir los impactos generados sobre el mismo. Sobre esta premisa se basa la creación del sello conocido como “Nature Friendly Billing”, cuyo objetivo principal es la reducción y/o eliminación del uso del papel en las operaciones empresariales donde dicho recurso se pueda sustituir por un soporte digital. Ello deriva en una disminución de las áreas deforestadas, lo cual contribuye a mitigar los efectos del cambio climático y a utilizar de forma sostenible nuestros recursos naturales, además de hacer cumplir una de las 3 R´s de los residuos: Reducir.

Las empresas que poseen el sello “Nature Friendly Billing” son organizaciones que se han comprometido ante la sociedad a preservar nuestro medio ambiente a través de la progresiva supresión del papel en sus transacciones, integrando electrónicamente todas sus facturas emitidas y recibidas, albaranes, catálogos, tarifas, pedidos y todo tipo de documentación previamente gestionada en papel.

Entre los compromisos que implica la adopción del sello están la eliminación progresiva, hasta su práctica totalidad, del papel en las relaciones comerciales entre empresas, de los envíos físicos de documentación entre empresas, la automatización progresiva de los procesos de facturación, recepción de pedidos, gestión de albaranes, conciliaciones, etc., la eliminación progresiva del almacenaje físico, etc.

Muchas de las empresas que se han unido a esta iniciativa pertenecen principalmente a los sectores del turismo, la hostelería y la restauración.

Para más información consultar: http://www.bavel.es/es/NFB/index.html